El limbo naranja: precarización e irregularidades en Rappi

Con sus prendas naranjas pedalea, esquivando el tráfico de Buenos Aires. El pedido tiene que llegar en cinco minutos y está a 10 cuadras. A apurarse. Las gotas de sudor se hacen prominentes y lo desconcentran; sus pies están cansados y empiezan a acalambrarse por el ritmo repetitivo. El cielo está nublado y hay una humedad densa en el aire, pero la maquina no para.

La ciudad se despliega en un torbellino de luces y sombras, un escenario urbano donde el pulso de la vida se entrelaza con las historias de aquellos que navegan sus calles. Entre el bullicio y el caos, surge una figura enérgica, un ciclista solitario que desafía la vorágine de la metrópolis. Su bicicleta se convierte en su compañera de batalla, una extensión de su ser que lo lleva de un rincón a otro, entregando sueños envueltos en paquetes anaranjados.

En medio de esta sinfonía urbana, emergen las voces silenciadas de los trabajadores de Rappi. Detrás de la comodidad de un pedido en la puerta de casa y la eficiencia del sistema, se oculta una realidad sombría, donde los derechos se desvanecen y las promesas se diluyen en la bruma de la precariedad.

Estos repartidores, moviéndose rápidamente por las calles, enfrentan desafíos invisibles a simple vista. Su trabajo, lejos de ser una tarea sencilla, se convierte en una lucha diaria contra el tiempo y la incertidumbre.

Sus cuerpos se mueven en una danza frenética, enfrentando el tráfico y el agotamiento físico, mientras mantienen la esperanza de un mejor mañana.

En esta carrera contrarreloj, se sumergen en un mundo donde los límites entre la legalidad y la injusticia se desdibujan. Los trabajadores de Rappi se enfrentan a una realidad que va más allá de la comodidad que brindan a los demás. Luchan por ser reconocidos y valorados en un sistema que a menudo los invisibiliza.

Rappi consolidó su presencia en CABA desde que se instaló en 2018 e incorporó miles de repartidores, pero su funcionamiento permaneció en las sombras. No fue hasta 2019 cuando la empresa desvinculó a sus trabajadores y empezaron a hacerse más visibles los problemas, como una olla con agua cuando entra en hervor.

Es ahí cuando la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicio comenzó a encontrar irregularidades y sobrefacturaciones en los pagos a los repartidores. La compañía de delivery tercerizó parte de sus servicios a las empresas Gestorando y Pago 46: la primera se encarga de administrar gran parte de los monotributos y la segunda reemplaza el uso de Rapipago. Ambas mantienen una estructura invisible: sin trabajadores registrados y con domicilios fiscales dudosos.

El sindicato denunció penalmente a la multinacional por lavado de activos en 2022, pero previo a esto ya se habían realizado presentaciones judiciales. Ninguna avanzó sustancialmente.

El abogado laboral Juan Manuel Ottaviano brindó mayor claridad sobre el accionar legal de Rappi, que infringe múltiples leyes del ámbito.

Los repartidores son clasificados como autónomos o monotributistas, lo que les niega derechos básicos como seguro de riesgos, cobertura médica, vacaciones, aguinaldo y negociación colectiva. Además, no se les permite afiliarse a sindicatos. Las empresas de plataforma utilizan un sistema de facturación que evita las obligaciones laborales y tributarias.

Según explicó Gonzalo Ottaviano, integrante de ASiMM (no es familiar del abogado), el gremio presentó dos denuncias ante el Ministerio de Trabajo, una en 2018 y otra en 2020, en donde se expresa la violación de la ley 20.744 por parte de Rappi y se solicita intervención estatal. El hecho de que dos años después se haya reclamado por la misma problemática, implica que no hubo avances satisfactorios. El Ministerio, más precisamente el director de relaciones laborales, le comentó al gremio que "la solución los excedía".

También se presentó otra denuncia ante la AFIP en 2018 denunciando las mismas cuestiones: empleados sin registrar, falta de un salario regulado y violación de derechos laborales. La respuesta de la institución se basó en reconocer la correcta realización de las denuncias, pero también se planteó la imposibilidad de actuar al respecto. Se calificó al tema como un asunto "demasiado político y matizado".

El ministro de Trabajo de aquel momento, Claudio Moroni, tampoco mostró mucho interés en el tema; se dió a conocer un estatuto que no traía mucha claridad sobre si los trabajadores eran o no dependientes, por lo que el corazón de la problemática seguía sin resolverse.

Otra causa se presentó ante el ENACOM en 2018 y tuvo un primer empuje significativo: se reconoció que Rappi funcionaba como un servicio de mensajería postal, por lo que sus trabajadores debían registrarse como tales y gozar de los derechos que cualquier mensajero postal tendría. Cuando llegó la hora de que firme la presidenta Giudici, esto nunca se concretó.

El entonces empleado de la multinacional llamado Roger Rojas también denunció a Rappi. En 2019 presentó su reclamo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo por comportamiento antisindical y despido discriminatorio. Tampoco se hizo nada.

Gonzalo Ottaviano sospecha que hay un mecanismo de lobby bien aceitado que evita que las denuncias lleguen a lugares sensibles.

En múltiples estadios de la investigación, se intentó contactar con Rappi para obtener su postura, pero ningún mensaje fue contestado. Ya sea vía mail a la empresa, a una abogada que los representa o mismo dentro de la aplicación, las respuestas o no llegaron o llegaron en forma de negativas. La única aproximación a una postura oficial vino de Jazmín, una amable operadora del servicio técnico de la multinacional que explicó que existe un acuerdo de confidencialidad que impide a sus trabajadores revelar cualquier tipo de información respecto a su funcionamiento. Las piezas empezaban a encajar.

De acuerdo con Juan Manuel Ottaviano, los empleados se muestran reticentes a hablar debido al temor que les embarga. Tienen miedo de que sus cuentas sean suspendidas o, peor aún, de ser directamente despedidos. Estos trabajadores carecen de un canal directo para plantear su situación a una persona responsable. Su relación laboral se establece a través de la plataforma, y su desvinculación ocurre de la misma manera, sin recibir ninguna explicación en absoluto.

Otro factor fundamental en el mecanismo de Rappi se basa en que la plataforma trabaja bajo un algoritmo cuyo funcionamiento exacto es desconocido y se encuentra en proceso de análisis en el ámbito de las legislaciones globales. Este sistema asigna a los trabajadores una calificación del uno al siete, y aquellos que obtienen una calificación baja se ven perjudicados al no recibir pedidos. La composición precisa de este algoritmo se mantiene en secreto, similar a la fórmula de la Coca Cola, conocida solo por unos pocos.

Hasta ahora, solo se tiene conocimiento de algunos factores que influyen en la calificación, como la valoración que realiza el cliente. Aunque no se sabe exactamente qué criterios utiliza el comprador para calificar al repartidor que entrega una pizza en su hogar, esto impacta en el mecanismo.

Además, se toman en cuenta aspectos como la disponibilidad de los trabajadores: cuanto más tiempo estén conectados, mejor será su calificación. También se considera la velocidad con la que realizan los pedidos, desde recibir la orden en un determinado lugar hasta entregarla en la casa del cliente. Este aspecto también está determinado por una parte del algoritmo.

También surgen problemas cuando los repartidores llegan a los lugares para recoger pedidos que aún no están listos. Esto dificulta su desempeño, ya que deben esperar y el tiempo perdido afecta su calificación. Debido a que son evaluados en función de la rapidez en la entrega, los riders se ven obligados a moverse rápidamente en motocicletas o bicicletas. Este constante afán por cumplir con los tiempos establecidos aumenta el riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

Aquellos trabajadores que tienen una puntuación baja en este sistema son asignados a menos viajes y se les consignan los trayectos más largos, lo que también perjudica su labor.

La situación de Rappi en otros países tiene similitudes: en Colombia hay denuncias, pero no impulsadas desde el gremio, sino desde el Estado. En España, el panorama es más favorable: se promulgó una ley que plantea que los repartidores son empleados con derechos y exige a las empresas demostrar lo contrario.

La imposición de una regulación enfrenta desafíos debido a la resistencia de las empresas y las diferencias de opinión entre sindicatos y políticos. Hay un claro estancamiento en el proceso legal y también presión sobre los trabajadores, a quienes Rappi les plantea que si se modifica el carácter de la relación laboral corren el riesgo de quedarse sin trabajo.

En 2022 se presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Senadores por parte de Omar Plaini para regular las plataformas de entrega.

En este marco, Jorge Carpinetti, su asesor legislativo, comentó que los trabajadores carecen de derechos laborales y las plataformas imponen un modelo laboral que no se ajusta al marco legal argentino. Básicamente, Rappi actúa en un vacío legal: el trabajo de los repartidores tiene dotes de un trabajo en relación de dependencia, pero se los clasifica como monotributistas y hay una fuerte resistencia a registrarlos.

El proyecto de ley propone la creación de un registro que incluya información sobre los trabajadores, sus condiciones laborales, vehículos utilizados y horarios de trabajo. Sin embargo, las empresas Rappi y Pedidos Ya intentaron obstaculizar la aprobación de la ley y no se llegó a un dictamen en la Cámara de Senadores. El debate se retomará este mes.

Carpinetti destaca que la ley no busca perjudicar a los trabajadores ni a las empresas, sino asegurar que estas actividades se ajusten a las leyes laborales argentinas.

Finalmente, para obtener una imagen más cercana de la realidad rappitendera, el extrabajador de Rappi y trabajador actual de Pedidos Ya, Marcos Pela, accedió a responder preguntas por audio de WhatsApp ya que, lógicamente, se encontraba todo el día en la calle yendo de acá para allá.

Pela detalló que la jerarquía de Rappi es: repartidor, por encima coordinador, y a cargo de este, jefe de logística. Siempre se actúa a favor del cliente.

El ex Rappi expresó que las condiciones laborales son insatisfactorias y los trabajadores no son indemnizados en caso de robo o choque. Gran parte del dinero sale de sus bolsillos y no hay claridad en cuanto al funcionamiento de las propinas (que a veces son inconsistentes), ni de los envíos (que suelen ser variables).

"Si chocaste te preguntan: ¿Y el pedido? ¿En qué quedó el pedido?".

Los monotributistas están desamparados, aquellos quienes trabajan en relación de dependencia tienen el sueldo devaluado, se demora en publicar sus paritarias y hay acciones disciplinarias fuera del convenio colectivo de trabajo.

Hasta el momento no hay pruebas contundentes de que Rappi realice lavado de activos. Tampoco hay comentarios ni posturas oficiales de la empresa respecto a estas problemáticas, todo es misterioso y consistentemente opaco e inaccesible. El uso de empresas pantalla no aliviana las sospechas. La falta de claridad sobre la relación laboral de los trabajadores, tampoco.

La calle está dividida en el caso de los repartidores: hay quienes se benefician de la falta de regulación de Rappi y prefieren seguir siendo independientes. Sin embargo, cientos de ellos quieren derechos laborales, obra social, cobertura y regularidad y no lo pueden obtener, son mantenidos en las sombras en un limbo entre la dependencia y el desamparo.

El "limbo naranja" en el que se encuentran los empleados de la plataforma en Argentina revela una problemática que requiere una respuesta urgente. La falta de regulación y el incumplimiento de los derechos laborales reflejan la necesidad de establecer un marco legal que proteja a los trabajadores y garantice condiciones justas y dignas en la industria de entrega con aplicaciones.